¿Qué pasa con el entorno favorable para las OSC?

En México hay una sociedad civil organizada, identificada también como sector social que desde su surgimiento, más estructurado, en el siglo pasado, se comprometió ante los problemas del país y tomó la decisión de actuar, de tiempo completo, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, promover los derechos humanos y ser parte de la transición democrática. Hoy las OSC seguimos trabajando en torno a esos valores y objetivos a pesar de la situación crítica que enfrentamos, ya que tenemos compromiso, hemos aportado modelos de atención para diversos grupos en exclusión, logrando un impacto social que va más allá de los beneficios directos, llegando al entorno social, al ámbito de la cultura, incidiendo en las políticas y en lo público.

Particularmente un núcleo de organizaciones coincidimos en que no hemos logrado en nuestro país, como tampoco la mayor parte de los que conforman la región de ALC, un ambiente habilitante o entorno propicio –en todas sus dimensiones- para una libre actuación que nos permita ser efectivas en la incidencia en las decisiones que afectan a las poblaciones con las que trabajamos, pero también las relacionadas con su fortalecimiento o fomento.

Ya en Busan en los finales del 2011 planteamos con claridad esos componentes o dimensiones que implican un entorno propicio para las OSC, que incluyen un diseño institucional, un marco jurídico, los recursos financieros y no financieros, pero también una dimensión cultural favorable y promotora del diálogo, para renovar o innovar en la relación gobierno-sociedad.

No obstante, las OSC promotoras de la democracia y el desarrollo, las defensoras de los derechos humanos, generalmente trabajan en condiciones poco favorables, tienen que solventar muchas carencias, enfrentan descalificaciones e incluso persecución de parte de gobiernos o fuerzas conservadoras.

En muchas ocasiones, se les cataloga de forma negativa, incluso se les hace responsables de acciones subversivas contra los gobiernos; en lugar de reconocer que su vocación y responsabilidad, es fomentar la organización de la ciudadanía para facilitar la búsqueda de alternativas de desarrollo, que mejoren su nivel de bienestar y favorezcan el ejercicio pleno de sus derechos, reconocidos en los marcos legales del país y los instrumentos internacionales signados por México. Una demostración de ello es la reciente declaración del titular de este país, cuando mencionó -ante el trabajo de las instituciones en materia de seguridad- que “Lamentablemente a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, que critican, y que hacen bullying del trabajo de las instituciones del Estado.”[1]

Bajo esas consideraciones es que un grupo de OSC iniciamos -hace cerca de dos años- una reflexión colectiva justo para enfrentar el problema común de falta de condiciones favorables para nuestro trabajo y desarrollo, arrancamos con el marco legal, integrando una iniciativa de reforma a la LFFAROSC que promovimos en el Senado de la República (Abril 2016) y meses después nos enfrentamos a las reformas fiscales impulsadas por la SHCP que impactaron seriamente a las OSC, en espacial a las llamadas donatarias autorizadas (último trimestre del 2016), que nos llevó a un posicionamiento público (Octubre 2016). Son esos los antecedentes generales para asumirnos como articulación de la sociedad civil y definirnos como UNIDOS por los derechos de las OSC.

Hoy en el 2018 con una coyuntura electoral que se define como la más importante de nuestra historia reciente (serán renovados la Presidencia, el Congreso de la Unión, nueve gobernadores, congresos locales, autoridades municipales  de diversas entidades del país y de la Ciudad de México), la agenda social- ciudadana no puede dejar fuera, la generación de condiciones, de un Ambiente propicio o favorable para la participación de la sociedad civil.

Dicho entorno favorable o ambiente habilitante está determinado por una serie de prácticas interrelacionadas (normas legales, administrativas, fiscales, informativas, etc.) que contribuyen o dificultan a las OSC a incrementar sus capacidades de participar y contribuir en los procesos de desarrollo de forma sostenible y eficaz.

Debe ser promovido-protegido por las políticas, las leyes y en la práctica, además de ser consistente con los derechos internacionalmente consagrados y asociados con un conjunto de buenas prácticas.

Con base en la experiencia internacional en materia de leyes y regulaciones para las OSC se han identificado esos principios, normas y buenas prácticas que facilitan/permiten/contribuyen para que las OSC puedan ser eficaces en el cumplimiento de su papel. Entre ellas destacamos:

  • La libertad de asociación.
  • El derecho de reunión.
  • El derecho a la información.
  • El derecho a la libre expresión.
  • El derecho de las OSC a ser reconocidas legalmente y de operar sin interferencia del Estado para cumplir con sus propósitos legales.
  • El derecho a buscar y obtener recursos, incluyendo la transferencia de fondos entre fronteras.
  • La obligación positiva del Estado de proteger los derechos de las OSC.

Como lo afirmamos en nuestro pronunciamiento público del 28 de octubre de 2016: (firmado por más de 100 OSC)

Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte que favorezca el ejercicio de actividades libremente. Es responsabilidad del gobierno asegurar un entorno legal, incluyente, económico y político que fomente y no desincentive y vulnere a la sociedad civil.  Yo agrego: es una responsabilidad del conjunto de las OSC no solo promover nuestra agenda particular, sino defender nuestros derechos como sociedad civil.

[1] Declaración realizada el día 13 de noviembre de 2017, en el marco del VI Foro Nacional “Sumemos Causas”

Laura Becerra Pozos

Maestra en Planeación y Desarrollo por el Programa Multinacional de Apoyo a América Latina de la OEA y la Universidad de Morelos. Estudió Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Directora de Equipo Pueblo.

 

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