El derecho a la ciudad y la precariedad laboral en México.

Medio siglo ha pasado desde la publicación de uno de los textos más significativos del siglo XX: El Derecho a la Ciudad de Henri Lefebvre (1968)[1].  La concepción de un derecho sobre la manera en que las ciudades eran modeladas surgió en un contexto crucial de profundos cambios estructurales que amenazaban y minaban las condiciones laborales y de vida de las personas trabajadoras en Francia. Cincuenta años después, en el México del 2018, el derecho a la ciudad sigue siendo un concepto vigente para enmarcar la lucha por una vida digna y condiciones laborales justas para los millones de jóvenes que habitan el país.

El derecho a la ciudad es un término flexible que ha sido abanderado para un sinfín de causas con dos principales y contrastantes visiones. Por un lado, originalmente, Henri Lefebvre lo concibió como un llamado y una demanda de la clase trabajadora para reivindicar sus condiciones laborales y por una mayor participación en la manera en que la ciudad era hecha. Por el otro, se encuentra la visión institucional del derecho que debe ser “protegido” por el Estado. Innumerables instituciones, organizaciones, partidos políticos y estudios académicos han encapsulado las demandas de este derecho por ciudades más habitables por medio de una mejor planeación institucional. Sin embargo, esta visión parece haber quedado en meros buenos deseos ya que, a la fecha, no se ha traducido en mejores condiciones para el grueso de la población. A pesar de no ser considerado un derecho humano como tal, el derecho a la ciudad puede ser considerado como un llamado y una demanda flexible pero radical para democratizar no sólo las condiciones en las que se habita una ciudad, sino cualquier comunidad.

Hoy en día, las condiciones laborales en México no son muy prometedoras. De acuerdo con cálculos de INEGI con base en datos del IMSS, el salario promedio en el país es de $10,831.4[2]. Antes de hacer conjeturas al respecto, es importante considerar dos cuestiones al leer esta cifra que, a primera vista, parece ser más alentadora que la del salario mínimo. La primera es que, debido a que esta cifra está basada en datos del IMSS, esta cifra sólo representa al grueso de la población que cotiza en el instituto y, en realidad, sólo cerca de 500 mil jóvenes en México perciben un sueldo mayor a los 10 mil pesos[3]. La segunda es que las condiciones laborales se han “flexibilizado” y ahora los jóvenes se enfrentan a condiciones laborales negativas que impiden su pleno desarrollo profesional y personal. Algunas de estas condiciones son contratos por pocos meses que evitan que los empleados generen antigüedad; contratación de empleados por honorarios con condiciones laborales como si fueran asalariados, pero sin percibir los mismos beneficios y derechos, dicho de otra forma, emitir recibos de honorarios como consultores, cumpliendo con un horario de ocho o más horas diarias y teniendo sólo un patrón; jóvenes trabajadores desprovistos de prestaciones y derechos laborales como vacaciones, aguinaldos, seguridad social por la forma de contratación; empleos en riesgo cuando los trabajadores exigen sus derechos laborales consagrados en la Constitución y salarios dignos; y último, no contar con contratos lo cual permite que los empleadores prescindan de los servicios del trabajador por cualquier motivo y en cualquier momento sin recibir ningún tipo de compensación económica.

El reclamo por un derecho a la ciudad carga con un significado valioso para exigir que la vida de los jóvenes no se encuentre vulnerada ni sea modelada por condiciones laborales precarias que permean en México. Gozar de estos derechos constitucionales y humanos parecer ser un privilegio que unos pocos pueden poseer y condicionar. Reclamar el derecho a una ciudad más habitable por medio de condiciones laborales dignas para los jóvenes representa una promesa para enmarcar un largo camino que los jóvenes deben cruzar para una ciudad y una vida más digna.

 

Oscar Cruz

Politólogo y maestro en derechos humanos. Ha colaborado con instituciones académicas, gubernamentales y no gubernamentales como la Universidad de Guadalajara, ITESO, la Universidad de Quebec en Montreal, la Universidad de Londres, la Embajada de México, Unicef, entre otras. Trabaja en temas de participación política, derechos humanos y prevención de violencia.

[1] Lefebvre, H., 1968. Le droit a la ville, Anthopos: Paris.
[2] http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=583&c=29478
[3] http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/solo-500-mil-jovenes-ganan-mas-de-10-mil-pesos-mensuales
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