Corrupción y Designaciones

La corrupción, definida por la Secretaría de la Función Pública en su más amplio espectro, consiste en el abuso del poder para beneficio propio.[1] Es, por lo tanto, distorsionar un bien público para fines privados. Extendiendo esta definición, podríamos hablar de corrupción también cuando una persona ocupa un puesto público para el que no está plenamente calificada, pero que llegó ahí por vías distintas a sus méritos.

Lamentablemente el Congreso de Jalisco nos dio una lección de esto durante el proceso de designación de la magistratura vacante en el Tribunal de Justicia Administrativa. Este tribunal, que debiera ser el encargado de castigar la corrupción, fue finalmente completado con la designación de Fany Lorena Jiménez Aguirre como magistrada. La nueva magistrada no es la persona mejor calificada –17 personas obtuvieron una mejor calificación en la evaluación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción– pero sí tiene otro mérito: ser cercana a un partido político. Esto pesó más que la trayectoria académica, profesional y conocimiento del derecho administrativo que demostraron otros candidatos.

Y es que esta legislatura ha demostrado no haber desterrado una de las peores prácticas que existen en el poder legislativo: la visión patrimonialista de lo público. Los diputados creen que los cargos públicos que tienen que pasar por su designación no son para las personas que demuestren tener el mejor perfil, sino que se reparten a través de método que informalmente conocemos como de “cuotas y cuates”: se le dan cierto número de cargos a cada partido político y es ese partido quien decide qué persona ocupa ese cargo. Resulta muy evidente con las terribles prácticas en las comparecencias de aspirantes, en donde los diputados generalmente les daban 5 minutos a los candidatos para exponer su plan de trabajo y además nunca hubo siquiera 10 diputados presentes en el proceso.

El año pasado, cuando se convocó a una mesa interinstitucional para esbozar el Sistema Estatal Anticorrupción, desde los representantes emanados de sociedad civil y academia hubo un énfasis importante en poder cambiar el modelo de votación de cargos públicos en el Congreso. La intención era hacer que en el caso de las designaciones, los legisladores no votaran por cédula (voto secreto), sino que fuera una votación nominal (votación pública en donde cada diputado tiene que expresar su sentido). Desgraciadamente esta fue una de las muchas propuestas que no terminaron llegando a nuestro Sistema Anticorrupción. La razón es clara: cuando hay votaciones de designación en el Congreso, este es uno de los pocos temas en donde todos los partidos políticos suelen estar de acuerdo; las personas son electas casi por unanimidad. Es decir, casi todos le entran a este tipo de negociaciones opacas.

La nueva legislatura entró el 1 de noviembre al Congreso de Jalisco. Si estos nuevos diputados quieren demostrar ser aliados en la lucha contra la corrupción, esperamos que hagan suya la recomendación del Comité de Participación Social y empiecen a discutir la necesidad de una Ley de Designaciones Públicas. Necesitamos claridad en temas como:

 

  • Convocatorias amplias y bien difundidas. No podemos esperar una participación bien nutrida si existen ocasiones en donde los diputados no dan ni una semana desde la emisión de la convocatoria hasta su cierre para el registro de aspirantes. Asimismo, Jalisco no es nada más la Zona Metropolitana de Guadalajara y se debe dar un tiempo suficiente y una socialización adecuada para que llegue preferentemente a los 125 municipios.

 

  • Definición del perfil ideal. No basta con que una persona reúna los requisitos mínimos para participar para un cargo, se debe elaborar un perfil ideal de la persona que se espera que ocupe dicho cargo. Esto da más claridades de la trayectoria que debe haber recorrido para determinar si es un candidato apto.

 

  • Plan de trabajo claro y medible. No basta con saber lo que una persona ha realizado, sino que es también necesario saber para qué quiere ocupar una posición. Si alguien aspira a ser magistrada, resulta necesario saber su visión de la impartición de justicia y cómo mejorarla. Si alguien quiere ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es igual de necesario conocer a qué temas les daría prioridad. Y eso mismo con todos los cargos públicos. Y dicho plan debe estar acompañado de una propuesta de indicadores para poder también cerciorarnos con el paso del tiempo del correcto desempeño.

 

  • Comparecencias que sirvan. Como ya mencioné, no podemos esperar que en 5 minutos los diputados puedan generarse una gran idea de la persona y sus planes de trabajo. Como referencia, en el último proceso de selección de comisionados del INAI, el Senado de la República le dio media hora a cada aspirante.

 

  • Evaluaciones de aptitud y pertinencia. Un gran logro del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco es que el Comité de Participación Social puede emitir opiniones técnicas de los aspirantes a diversos cargos. Esto debe ser la norma para las demás designaciones. Y no sólo bastaría con establecer la calificación de cada persona, sino que sería deseable poder blindar la lista y hacer que los diputados sólo puedan elegir entre las mejores personas que la conformen.

 

  • Causales de remoción. No basta con poder nombrar a las mejores personas, es también necesario tener causales de remoción en caso de que no den el ancho o realicen acciones indebidas. Mucho bien nos haría poder remover de su cargo a esos magistrados del tribunal de justicia administrativa que por años han atentado en contra del correcto desarrollo de nuestra ciudad y han privilegiado intereses particulares.

Álvaro Quintero Casillas

Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO
Integrante de Wikipolítica Jalisco y del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción

[1] Secretaría de la Función Pública (2013). “Definición de corrupción”. Disponible en https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion

 

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