La Sociedad Civil en tiempos de la 4ª T

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó, entre sus primeros oficios, uno en el cual desmoviliza recursos para las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Me parece que esa acción del Gobierno Federal es errónea, ofensiva y podrá parar acciones legítimas de la ciudadanía organizada. Si bien esta acción está siendo matizada y ha sido justificada para enderezar las asignaciones que daba INDESOL por actos de corrupción, es errónea. Durante su campaña, el actual presidente consideró fundamental que las OSC fueran quienes administraran algunos recursos públicos de corte asistencial y de política social, ya que se había observado que SEDESOL no se los administraba eficientemente. Sin embargo, su política de respuesta fue inversamente contraria, es decir, desacreditó a las OSC y decidió retirarle recursos públicos.

En ese sentido, es importante mostrar la evolución histórica de los procesos de la sociedad civil organizada para observar que ya tenemos una ciudadanía madura para administrar esos recursos. Originalmente hicieron un papel subsidiario del Estado, ayudando a sectores de la sociedad lacerados por la discriminación y el abandono, incluso de las instituciones de gobierno. Así nació el enfoque asistencialista. Desde ahí se han dado grandes pasos en la evolución de la sociedad civil. Eventos como el Terremoto de 1985 y las elecciones federales de 1988 fueron parteaguas en la evolución de los enfoques asistenciales. Actualmente los organismos de la Sociedad Civil han dado un salto cualitativo en México, y son instituciones que promueven y defienden derechos humanos, es decir, han abandonado la visión meramente asistencialista para transitar hacia un enfoque de derechos. Además, han pasado a ser sujetos políticos, que promueven, defienden y acompañan causas ciudadanas bajo la perspectiva de derechos.

Algunos retos que se deben considerar para la administración pública estatal y federal son los siguientes:

  1. Visibilizar el gran trabajo de las organizaciones de la sociedad civil; en el sentido que generamos bienes públicos buscando el respeto y protección de los todos los derechos de todas y todos. La ciudadanía y el gobierno deben visibilizar que existen fuertes prejuicios, por parte de grupos de poder, que incluso han señalado que algunos organismos se han ido orillando a prebendas particulares, como fue mencionado por Luis Arriaga, rector del ITESO durante el reciente foro Coincidencias. Pero esos árboles secos no deben de obstaculizar la vista de este frondoso bosque que es la sociedad civil organizada; que defiende cultura, políticas públicas, monitorea corrupción, busca la rendición de cuentas, comprometida en la transformación del país, a veces sin obtener remuneración.
  2. Exigir al Gobierno de México el reconocimiento explícito en la Constitución Mexicana al derecho de la ciudadanía de participar en el ámbito de lo público, en la forma que así lo decida, para fortalecer los procesos de acompañamiento, evaluación de las políticas de desarrollo sostenible, por ejemplo, con el enfoque de Agenda 2030.

Revisando a detalle los discursos y comportamientos de la Presidencia podemos concluir que se desconoce el proceso evolutivo de la sociedad civil organizada de México. De ser así, no se hablaría de asignaciones directas al pueblo, como única vía del desarrollo y tampoco se referiría de forma despectiva al trabajo que arduamente realizan las OSC.

Desde mi experiencia de los últimos 7 años, considero que la sociedad civil se ha fortalecido al interior, en mucho, gracias a las asignaciones vía INDESOL. Existen grandes proyectos exitosos que sobreviven gracias a esas manutenciones, también proyectos nuevos que arrancaron gracias a esos apoyos. Cortarles los recursos directos será un gran error que generará inmovilización de amplios sectores de OSC que tendrán que finalizar su activismo e incluso dar un paso hacia atrás en la evolución constante de la acción colectiva.

Juan Carlos Páez Vieyra

Doctor en Ciencia Política por la UdeG, docente.
Coordinador de Seguimiento a la Agenda 2030 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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