El siguiente texto recoge trabajos y opiniones de académicos, comunicadores, activistas y comunidades, para dar forma a una agenda local frente a la pobreza y la desigualdad, que se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales para revertir las condiciones actuales de injusticia social.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, establecieron como primer objetivo “erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo para el 2015”. Vencido ese plazo, 1,200millones de personas vivían aún en situación de pobreza extrema.

En una renovada Agenda para el Desarrollo Sustentable con horizonte al 2030, las naciones del mundo se plantearon una vez más como objetivo primero, “erradicar la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares”. A la fecha, mientras la riqueza producida a nivel global alcanza niveles sin precedente, el porcentaje de población en pobreza se ha mantenido prácticamente igual entre 2012 y 2016[1], lo que en términos absolutos implica un número mayor de pobres y una brecha de desigualdades cada vez más profunda.

En México, una persistente falta de oportunidades en el acceso a servicios básicos de calidad y de buenos empleos mantiene a cerca del 75% de la población en condición de pobreza y/o vulnerabilidad [2]. Un complejo entramado de estructuras sociales, políticas, económicas y culturales ha impedido romper la reproducción de este patrón inequitativo de generación y distribución de riqueza.

En un país rico y diverso como el nuestro, la pobreza es resultado del escaso efecto redistributivo que tienen los salarios, la política fiscal y el gasto público. Las reglas del juego actuales no sólo favorecen la extrema concentración de la riqueza en pocas manos, sino que posibilitan la desposesión, la explotación y la vulneración de derechos fundamentales de las poblaciones en desventaja. De fondo, una inequitativa distribución del poder instituido perpetúa la inequitativa distribución de recursos y oportunidades.

Los efectos de la exclusión social, económica, política y cultural de un importante sector de la población se manifiestan en una creciente conflictividad social, segregación espacial, precarización del ingreso y las condiciones de vida, fractura y pérdida de cohesión social y desesperanza, que constituyen un caldo de cultivo para la delincuencia, la violencia y la criminalidad por desafiliación social.

Para hacer frente a la desigualdad y sus graves efectos, es importante, en primer lugar, reconocer que es una producción social, por lo que debemos explorar los procesos culturales, políticos y económicos a través de los cual se reproduce. Adicionalmente es necesario articular una narrativa que nos permita superar la falta de horizontes de transformación y la ausencia de relatos para imaginar una sociedad justa y equitativa.

Ante estas realidades y condiciones, se plantea la siguiente agenda mínima para hacer frente a la pobreza y la desigualdad desde lo local:

a) Elevar los salarios por arriba de la línea de bienestar: para ello, además de las reformas nacionales, es necesario privilegiar el fortalecimiento de la base económica local a partir de una gestión estratégica de la inversión y la promoción económica, que no esté basada en la oferta de mano de obra barata, de manera que se pueda elevar el límite inferior de los salarios pagados en Jalisco, cuando menos a la línea de bienestar, garantizando protección social.

b) Fortalecer los esquemas de asociación sindical independientes y democráticos para garantizarlos derechos laborales de las y los trabajadores.

c) Lograr una recaudación acorde al nivel de desarrollo del estado y sus municipios, abriendo la discusión sobre el costo-beneficio de las exenciones fiscales, sobre una mayor progresividad en el impuesto predial, sobre los desincentivos a la especulación inmobiliaria, así como sobre el fortalecimiento de los esquemas de recaudación local progresivos, sostenibles en el tiempo y justos con los derechos de las mujeres y las niñas.

d) Asegurar un gasto público eficiente, que priorice el gasto social focalizado y la inversión en bienes públicos, a través de Instituciones que funcionen y rindan cuentas, fortaleciendo los mecanismos ciudadanos de contraloría y combate a la corrupción, y disminuyendo el déficit público a partir del cumplimiento de la regulación existente. Como medida para reducir la dispersión y discrecionalidad de los programas sociales, es necesario acompañar pilotajes para el establecimiento de una renta básica en poblaciones y comunidades de mayor marginación.

e) Consolidar estrategias, políticas y programas sociales con enfoque de derechos, y fortalecer los mecanismos de exigibilidad para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) garantizando su pleno ejercicio, y avanzando en el reconocimiento efectivo del derecho a la ciudad y a la vivienda digna.

f) Implementar un esquema de protección social universal que propicie reducir las brechas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los servicios de salud para la población más necesitada.

g) Desarrollar y fortalecer mecanismos para la participación pública, privada y comunitaria parala consolidación y construcción de bienes públicos a través de fondos de inversión social para igualar las condiciones de acceso en todo el territorio, en materia de educación, salud e infraestructura. Esto a partir del diseño participativo de estrategias de desarrollo comunitario coordinadas entre dependencias y órdenes de gobierno para la atención de áreas de alta marginación.

h) Elevar la discusión en el debate público sobre el problema de la desigualdad, su producción, reproducción e implicaciones para la justicia y la paz social, y eliminar la desigualdad de trato por género, preferencia sexual, origen étnico, discapacidad y/o clase, garantizando la igualdad de derechos ante la ley.

i) Generar información a nivel local que permita tomar decisiones para aliviar los efectos de la pobreza de manera focalizada, identificando sus causas específicas y   contribuyendo al diseño y evaluación de políticas con perspectiva comunitaria.

En suma se trata de animar como sociedad, con la participación de todos sus sectores, comunidades y territorios, hacia la construcción de un acuerdo social y una agenda para el 2018, que comprenda un paquete amplio de reformas políticas y compromisos sociales que haga frente a la pobreza y desigualdad, y garantizar así el cumplimiento de este objetivo prioritario para el 2030.

[1] CEDLAS y Banco Mundial, 2016.

[2] CONEVAL reporta que sólo el 27.8%de la población en 2016 es no pobre y no vulnerable.

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